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El Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios, establece la obligatoriedad de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios, un certificado de eficiencia energética que deberá de incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio puedan comparar y evaluar su eficiencia energética.